Una Discusión Acerca del Alcance de la Acción y la Omisión
Por Dr. Fernando O. Kravetz
LAS CAUSAS Y LAS SITUACIONES
Existen situaciones en las que efectos nocivos, e incluso graves, suceden a acciones que no han sido tomadas o han sido tomadas equivocada o malévolamente.
A lo largo de la historia, los premios y castigos por los efectos de la acción o inacción de los responsables han cambiado, a veces en sentidos inversos, más de una vez. Sin ánimo de explorar tales variaciones en las actitudes (desde el linchamiento a la ignorancia), es claro que existen ámbitos de acción privada y pública donde se calibra de diferente manera los efectos de nuestras acciones.
En el ámbito privado, todos conocemos el tremendo impacto que un error de diagnóstico o de procedimiento puede tener ("mala praxis") sobre el patrimonio o aún la libertad de un médico en muchos países con sólidas historias de poderes judiciales independientes.
Los delitos, infracciones y desmanejos ambientales están siendo considerados en forma creciente en tales países. Diversos mecanismos de acción pública permiten cada vez más prevenir y corregir acciones que afecten en forma irremediable tanto la salud de la población como la subsistencia de una especie o un ecosistema como un todo.
Junto a una creciente conciencia del derecho a un ambiente sano existen dos factores, que junto a un sistema judicial medianamente eficiente, motorizan estos cambios: Una legislación que incluye al ambiente como un bien a defender, dando poder de ser parte interesada a un ciudadano que se siente afectado, y la existencia de organismos no gubernamentales de influencia creciente que generan conciencia de los derechos ciudadanos en oposición a los intereses particulares de corporaciones.
En Argentina se avanza en este sentido. La legislación incluye el derecho al ambiente sano como un bien jurídicamente tutelado (Art. 41 CN y 26 de la GCABA), dando la facultad al afectado a interponer acción de amparo en defensa de ese derecho (Art. 43 CN y 14 GCABA). La legitimación activa tanto en el ámbito nacional como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprende también a las asociaciones y al Defensor del Pueblo. Por otra parte existen organismos no gubernamentales de influencia creciente que generan conciencia de los derechos ciudadanos en oposición a los intereses particulares de corporaciones.
Por ello no es de extrañar que sean cada vez más importantes las acciones de individuos y grupos de individuos frente a la cuestión ambiental y que una catarata de juicios contra instituciones, personas y el estado comiencen como resultado de la madurez de estas organizaciones.
En este punto estimo pertinente explorar que situaciones podrían generarse en el corto plazo frente a problemas concretos que existen o se vislumbran respecto al papel de particulares y funcionarios en el control de plagas.
La primer pregunta es si las inacciones o malas acciones evidentes e imprevisiones que ocurren en el manejo de plaga son por falta de conocimiento, negligencia, dolo o por dificultades no imputables a particulares o funcionarios como la falta de medios, o tiempos para la acción. La respuesta es amplia y compleja.
Por Dr. Fernando O. Kravetz
LAS CAUSAS Y LAS SITUACIONES
Existen situaciones en las que efectos nocivos, e incluso graves, suceden a acciones que no han sido tomadas o han sido tomadas equivocada o malévolamente.
A lo largo de la historia, los premios y castigos por los efectos de la acción o inacción de los responsables han cambiado, a veces en sentidos inversos, más de una vez. Sin ánimo de explorar tales variaciones en las actitudes (desde el linchamiento a la ignorancia), es claro que existen ámbitos de acción privada y pública donde se calibra de diferente manera los efectos de nuestras acciones.
En el ámbito privado, todos conocemos el tremendo impacto que un error de diagnóstico o de procedimiento puede tener ("mala praxis") sobre el patrimonio o aún la libertad de un médico en muchos países con sólidas historias de poderes judiciales independientes.
Los delitos, infracciones y desmanejos ambientales están siendo considerados en forma creciente en tales países. Diversos mecanismos de acción pública permiten cada vez más prevenir y corregir acciones que afecten en forma irremediable tanto la salud de la población como la subsistencia de una especie o un ecosistema como un todo.
Junto a una creciente conciencia del derecho a un ambiente sano existen dos factores, que junto a un sistema judicial medianamente eficiente, motorizan estos cambios: Una legislación que incluye al ambiente como un bien a defender, dando poder de ser parte interesada a un ciudadano que se siente afectado, y la existencia de organismos no gubernamentales de influencia creciente que generan conciencia de los derechos ciudadanos en oposición a los intereses particulares de corporaciones.
En Argentina se avanza en este sentido. La legislación incluye el derecho al ambiente sano como un bien jurídicamente tutelado (Art. 41 CN y 26 de la GCABA), dando la facultad al afectado a interponer acción de amparo en defensa de ese derecho (Art. 43 CN y 14 GCABA). La legitimación activa tanto en el ámbito nacional como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprende también a las asociaciones y al Defensor del Pueblo. Por otra parte existen organismos no gubernamentales de influencia creciente que generan conciencia de los derechos ciudadanos en oposición a los intereses particulares de corporaciones.
Por ello no es de extrañar que sean cada vez más importantes las acciones de individuos y grupos de individuos frente a la cuestión ambiental y que una catarata de juicios contra instituciones, personas y el estado comiencen como resultado de la madurez de estas organizaciones.
En este punto estimo pertinente explorar que situaciones podrían generarse en el corto plazo frente a problemas concretos que existen o se vislumbran respecto al papel de particulares y funcionarios en el control de plagas.
La primer pregunta es si las inacciones o malas acciones evidentes e imprevisiones que ocurren en el manejo de plaga son por falta de conocimiento, negligencia, dolo o por dificultades no imputables a particulares o funcionarios como la falta de medios, o tiempos para la acción. La respuesta es amplia y compleja.
