Una Discusión Acerca del Alcance de la Acción y la Omisión
Por Dr. Fernando O. Kravetz
LAS CAUSAS Y LAS SITUACIONES
Existen situaciones en las que efectos nocivos, e incluso graves, suceden a acciones que no han sido tomadas o han sido tomadas equivocada o malévolamente.
A lo largo de la historia, los premios y castigos por los efectos de la acción o inacción de los responsables han cambiado, a veces en sentidos inversos, más de una vez. Sin ánimo de explorar tales variaciones en las actitudes (desde el linchamiento a la ignorancia), es claro que existen ámbitos de acción privada y pública donde se calibra de diferente manera los efectos de nuestras acciones.
En el ámbito privado, todos conocemos el tremendo impacto que un error de diagnóstico o de procedimiento puede tener ("mala praxis") sobre el patrimonio o aún la libertad de un médico en muchos países con sólidas historias de poderes judiciales independientes.
Los delitos, infracciones y desmanejos ambientales están siendo considerados en forma creciente en tales países. Diversos mecanismos de acción pública permiten cada vez más prevenir y corregir acciones que afecten en forma irremediable tanto la salud de la población como la subsistencia de una especie o un ecosistema como un todo.
Junto a una creciente conciencia del derecho a un ambiente sano existen dos factores, que junto a un sistema judicial medianamente eficiente, motorizan estos cambios: Una legislación que incluye al ambiente como un bien a defender, dando poder de ser parte interesada a un ciudadano que se siente afectado, y la existencia de organismos no gubernamentales de influencia creciente que generan conciencia de los derechos ciudadanos en oposición a los intereses particulares de corporaciones.
En Argentina se avanza en este sentido. La legislación incluye el derecho al ambiente sano como un bien jurídicamente tutelado (Art. 41 CN y 26 de la GCABA), dando la facultad al afectado a interponer acción de amparo en defensa de ese derecho (Art. 43 CN y 14 GCABA). La legitimación activa tanto en el ámbito nacional como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprende también a las asociaciones y al Defensor del Pueblo. Por otra parte existen organismos no gubernamentales de influencia creciente que generan conciencia de los derechos ciudadanos en oposición a los intereses particulares de corporaciones.
Por ello no es de extrañar que sean cada vez más importantes las acciones de individuos y grupos de individuos frente a la cuestión ambiental y que una catarata de juicios contra instituciones, personas y el estado comiencen como resultado de la madurez de estas organizaciones.
En este punto estimo pertinente explorar que situaciones podrían generarse en el corto plazo frente a problemas concretos que existen o se vislumbran respecto al papel de particulares y funcionarios en el control de plagas.
La primer pregunta es si las inacciones o malas acciones evidentes e imprevisiones que ocurren en el manejo de plaga son por falta de conocimiento, negligencia, dolo o por dificultades no imputables a particulares o funcionarios como la falta de medios, o tiempos para la acción. La respuesta es amplia y compleja.
Por Dr. Fernando O. Kravetz
LAS CAUSAS Y LAS SITUACIONES
Existen situaciones en las que efectos nocivos, e incluso graves, suceden a acciones que no han sido tomadas o han sido tomadas equivocada o malévolamente.
A lo largo de la historia, los premios y castigos por los efectos de la acción o inacción de los responsables han cambiado, a veces en sentidos inversos, más de una vez. Sin ánimo de explorar tales variaciones en las actitudes (desde el linchamiento a la ignorancia), es claro que existen ámbitos de acción privada y pública donde se calibra de diferente manera los efectos de nuestras acciones.
En el ámbito privado, todos conocemos el tremendo impacto que un error de diagnóstico o de procedimiento puede tener ("mala praxis") sobre el patrimonio o aún la libertad de un médico en muchos países con sólidas historias de poderes judiciales independientes.
Los delitos, infracciones y desmanejos ambientales están siendo considerados en forma creciente en tales países. Diversos mecanismos de acción pública permiten cada vez más prevenir y corregir acciones que afecten en forma irremediable tanto la salud de la población como la subsistencia de una especie o un ecosistema como un todo.
Junto a una creciente conciencia del derecho a un ambiente sano existen dos factores, que junto a un sistema judicial medianamente eficiente, motorizan estos cambios: Una legislación que incluye al ambiente como un bien a defender, dando poder de ser parte interesada a un ciudadano que se siente afectado, y la existencia de organismos no gubernamentales de influencia creciente que generan conciencia de los derechos ciudadanos en oposición a los intereses particulares de corporaciones.
En Argentina se avanza en este sentido. La legislación incluye el derecho al ambiente sano como un bien jurídicamente tutelado (Art. 41 CN y 26 de la GCABA), dando la facultad al afectado a interponer acción de amparo en defensa de ese derecho (Art. 43 CN y 14 GCABA). La legitimación activa tanto en el ámbito nacional como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprende también a las asociaciones y al Defensor del Pueblo. Por otra parte existen organismos no gubernamentales de influencia creciente que generan conciencia de los derechos ciudadanos en oposición a los intereses particulares de corporaciones.
Por ello no es de extrañar que sean cada vez más importantes las acciones de individuos y grupos de individuos frente a la cuestión ambiental y que una catarata de juicios contra instituciones, personas y el estado comiencen como resultado de la madurez de estas organizaciones.
En este punto estimo pertinente explorar que situaciones podrían generarse en el corto plazo frente a problemas concretos que existen o se vislumbran respecto al papel de particulares y funcionarios en el control de plagas.
La primer pregunta es si las inacciones o malas acciones evidentes e imprevisiones que ocurren en el manejo de plaga son por falta de conocimiento, negligencia, dolo o por dificultades no imputables a particulares o funcionarios como la falta de medios, o tiempos para la acción. La respuesta es amplia y compleja.
1 comentarios:
Un gobierno ausente, políticas inútiles, inspectores corruptos, asociaciones delictivas que dicen defeder al sector de control de plagas, políticos incapaces de promover, promulgar y defender políticas sanas al respecto del control de plagas, falta de presupuesto para el control, desconocimiento de los que se dicen profesionales, etc. son todos factores que atentan contra la salud pública. Es necesario que asociaciones como COAPLA se dediquen a depurar la mayor cantidad de puntos listados (y los que se han omitido para no abusar del lector) para que el control de plagas sea una herramienta de la salud real de los ciudadanos.
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